2019 - Ene
La 'cocina' del CIS camufla la peor nota a la gestión de Moncloa y el ascenso del PP
Los cinco barómetros electorales dirigidos por el nuevo presidente de Centro han recogido variaciones en su forma de presentar resultados
Cada mes, el barómetro electoral que elabora el Centro de Investigaciones Sociológicas se convierte en objeto de guerra política como nunca antes había sucedido. Siempre se ha criticado en mayor o menor medida sus metodologías (sobre todo por el que estuviera en la oposición), pero el ascenso a su presidencia del socialista José Félix Tezanos ha elevado los reproches porque él mismo llegó al cargo proclamando un cambio en la forma de presentar los resultados. Sin 'cocina', dijo. El problema radica en que, como subrayan varios expertos del sector consultados por La Información, no ha habido un solo estudio en sus cinco meses al mando del ex cargo en Ferraz en el que no haya cambiado la metodología utilizada para calcular la intención de voto.
El último, realizado a principios de diciembre y hecho público este viernes, no ha sido una excepción. Más bien al contrario: ha supuesto el quinto giro de tuerca demoscópico a las previsiones y, en este caso concreto, ha servido para suavizar el impacto de dos evidencias que no deben de gustar mucho al Gobierno socialista: su gestión al frente del país alcanza su crítica más elevada entre los españoles y el PP continúa en ascenso desde hace ya varios meses.
En lo primero, en la capacidad de gobernar de Sánchez y sus ministros, las cifras son contundentes sin necesidad de que haga falta una justificación o explicación desde el propio CIS. La valoración positiva de la gestión socialista alcanza su punto más bajo desde septiembre (en julio no se incluyó esta pregunta) y cae tres puntos, de más de un 15% a un 12% justo. Por su parte, los españoles que consideran mala o muy mala la gestión del Ejecutivo escala más de siete puntos en apenas tres meses, desde el 34,9% de septiembre al 42,2% de diciembre.
Todo, en un periodo de tiempo en el que, precisamente, Pedro Sánchez echó el resto en sus medidas económicas y sociales, con el acuerdo firmado con Podemos en octubre y el anuncio reiterado, desde finales de noviembre y en los primeros días de diciembre (coincidiendo con el trabajo de campo de la encuesta), de la batería de mejoras que se aprobarían antes de acabar 2018: subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 900 euros, alza del 2,25% (más variables) del sueldo de los funcionarios e incremento, en función a la inflación, de todas las pensiones.
Nada de eso pareció notarse en las respuestas de los encuestados, cuya percepción de la acción de Gobierno no ha dejado de deteriorarse desde el comienzo del otoño hasta el invierno. Y eso, por supuesto, se debería reflejar también en la intención de voto. Aunque aquí es donde se llega al imposible de intentar comparar entre los distintos estudios, uno de los principios sagrados de todo estudio sociológico: el uso de idéntica forma de recoger y analizar los resultados para que haya una validez estadística estable en el tiempo.
Como explican los expertos, ha habido cinco barómetros con intención de voto en la era Tezanos al frente del CIS: julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Antes de la moción de censura, este tipo de análisis tenía una periodicidad trimestral desde 1996. Ese fue el segundo gran cambio del nuevo Centro de Investigaciones Sociológicas; el primero vino ya en julio, en el estreno del flamante presidente. Entonces, en el 'disclaimer' que explicaba la metodología ya se adelantó un cambio y, desde entonces, cada estudio ha venido con una advertencia explicativa de un sistema diferente al anterior.
En orden cronológico, en julio se calculó la estimación de voto CIS en función al porcentaje sobre voto válido. Pasado el verano, en septiembre se modificó el sistema y se calculó respecto al porcentaje sobre voto a candidaturas. Octubre vino con la misma base en función a las candidaturas pero se añadió la simpatía a la estimación de voto CIS. Un mes después, desapareció el concepto "estimación" y el 'disclaimer' alertaba (incluso en negrita) que "en ningún caso representa un modelo de estimación de voto" lo que se reflejaba. Por último, en diciembre se ha recurrido a un voto directo en la encuesta (porcentaje sobre voto emitido).
Entre todo este marasmo demoscópico, lo único que no puede camuflarse es la intención directa de voto. Aquí, el PSOE se ha mantenido como líder destacado desde el mes de julio y eso nadie lo discute. La 'cocina' viene después, cuando tocaba analizar el desempeño real de los partidos de la derecha. En particular, en lo que respecta al PP, un partido que ha subido en 2,6 puntos la intención directa de voto (pero que en la 'traducción' sociológica se mantiene inalterado su resultado en diciembre). Ciudadanos también ha subido en apoyo directo y Podemos baja ligeramente.
Vox es un caso aparte: el CIS recoge un incremento de un punto en voto directo, si bien la duda en relación al partido de extrema derecha radica en que se hable solo de un 3,7% de apoyo en unos días en los que acababan de celebrarse las elecciones andaluzas en las que los de Abascal obtuvo casi el 11% del voto.
Más allá de esto, la cocina del CIS, en definitiva, ha estado en mezclar en la misma sartén la respuesta espontánea que da el encuestado con el recuerdo de voto que admite haber realizado en las últimas elecciones. En este sentido, el PSOE es el único partido de los cuatro grandes cuyo recuerdo de voto es superior a su propio resultado en las urnas. Es decir, hay más personas que dicen haber votado al PSOE de las que realmente lo hicieron. En concreto, se dan hasta 6,1 puntos de diferencia: lo votó el 15,7% del censo y ahora 'recuerda' haberlo hecho el 21,8% (según el CIS).
Por el contrario, al PP recuerdan haberle votado menos españoles de lo que recabaron en las elecciones. Los populares lograron el 22,9% de los votos sobre el censo y ahora dicen que le han votado el 19,8%. Se han perdido en la memoria más de tres puntos. Podemos y Ciudadanos, por su parte, también tienen a olvidadizos entre sus filas, aunque en ambos casos la diferencia es de cuatro décimas.
En resumen, si el CIS elaborase una estimación corrigiendo como siempre se ha hecho el recuerdo de voto, el porcentaje estimado sobre voto válido del PSOE se vería afectado a la baja y el del PP al alza, con Cs y Podemos con cierta mejora hacia arriba. Y todo esto, que el PSOE se resiente y la derecha subiría con mayor fuerza, es una traducción que no solo se ha producido en el barómetro de diciembre. Es algo que se ha repetido, aunque en distinto grado, en los cinco barómetros realizados desde julio.
Fuente: El pacto económico y social de Sánchez e Iglesias no renta: Caen con fuerza en voto
El pacto económico y social de Sánchez e Iglesias no renta: Caen con fuerza en voto
El CIS recoge más de cinco puntos de caída entre ambas formaciones en pleno sprint final de diciembre para aprobar sus grandes medidas

Cuando el Centro de Investigaciones Sociológicas realizó su encuesta de diciembre (entre el 1 y el 12 de ese mes), toda España hablaba de la irrupción de Vox tras las elecciones andaluzas del día 2. Sin embargo, en su proyección electoral conocida este viernes apenas se nota la irrupción de Vox, que apenas crecería un punto según el estudio que dirige José Félix Tezanos. Lo que sí refleja el barómetro es una caída generalizada de la izquierda en esos días, pese al sprint de medidas económicas del Gobierno de Pedro Sánchez, con subidas del Salario Mínimo, de las pensiones o de los sueldos de los funcionarios incluidas. Entre PSOE y Podemos, los dos firmantes del acuerdo que hicieron posible esa batería de medidas económicas y sociales, más de cinco puntos de caída respecto al barómetro de noviembre.
Todo ello no impide que el PSOE domine el panorama de manera holgada, como así ha sido desde que se publican informes con intención de voto cada mes (frente a la periodicidad trimestral anterior), con un 28,9% en intención de voto, pero cayendo desde el 31,1% anterior. Podemos sufre más, al bajar desde el 18% de noviembre al 14,9%. Por su parte, la derecha no se inmuta: el PP repite con el 19,1% de los votos y Ciudadanos pierde tres décimas, de 18,2% a 17,9%.
Con estos datos, Pedro Sánchez no tendría problemas para ser el partido más votado si se celebrasen elecciones generales en estos momentos, con casi diez puntos de ventaja sobre el PP de Pablo Casado. Se recorta, eso sí, una distancia que había estado por encima de los 12 puntos y Génova podría respirar un poco más al aumentar su distancia respecto a Ciudadanos, un partido que le adelantó incluso en octubre.
En cualquier caso, el PSOE empieza a notar síntomas de cansancio (demoscópico al menos). Y lo hace justo en un momento en el que Sánchez aceleró con sus medidas más importantes en lo que lleva de mandato; en el momento en que se activaron todos sus decretos para activar su "justicia social". De hecho, el 28,9% de intención de voto que obtienen los socialistas es la cifra más baja desde abril de 2018, es decir, desde antes de que se produjera la moción de censura a Rajoy y el CIS también cambiase el rumbo de sus pronósticos. Podemos también toca suelo en varios años.
Ascenso de la derecha en voto directo
Es más, si se observa el voto directo (es decir, la respuesta directa de los encuestados antes de que el CIS haga su estimación), tanto PP como Ciudadanos han crecido con fuerza: tres puntos los populares y dos los de Rivera. El PSOE también cae en torno a dos puntos en este caso. Lo curioso es que, al 'traducir' los datos de respuesta directa a estimación el CIS no incorpora este evidente avance de las dos fuerzas de centro-derecha y solo contempla la caída de la izquierda.
Por lo tanto, Vox todavía no aparece de una manera clara en los estudios del CIS. Crece, sí. Pero poco: desde el 2,5% de noviembre al 3,7% que se recoge solo un mes después, pero con las elecciones andaluzas justo al principio de hacerse el muestreo de la encuesta. Por lo general, para lograr representación parlamentaria en la Cámara Baja se suele necesitar alcanzar un 5% de apoyo. En voto directo crece del 2,7% al 3,7%.
Todo este cambio de aires se traslada a la percepción de los líderes políticos. Sánchez repite con un 3,9 de valoración y suben tanto Casado como Albert Rivera. El popular gana cuatro décimas en un solo mes, desde el 3 de noviembre a un 3,4 en diciembre. El líder naranja, por su parte, gana dos décimas: hasta el 3,7 de nota. En cuatro lugar queda Pablo Iglesias, empatado con un 3 con Casado en el anterior, y que ahora queda como el peor valorado de los cuatro 'grandes', con un 2,9.
La aparición demoscópica de Vox se produjo semanas antes de su puesta de largo en las urnas andaluzas. Fue un informe de Metroscopia para el Grupo Henneo el que ya adelantó su irrupción en el Congreso en noviembre y, en otro estudio realizado tras los comicios andaluces, ya vaticinó hasta 29 diputados para ellos en la Cámara Baja, aupados por su mensaje sobre el impacto de la inmigración en el tejido socio-económico. Hace solo unos días, 'El Mundo' redoblaba la apuesta y calculaba un resultado de la formación de hasta 45 escaños.
Fuente: La 'cocina' del CIS camufla la peor nota a la gestión de Moncloa y el ascenso del PP
La inmigración se cuela como problema prioritario con el paro todavía a la cabeza
Los tres principales problemas para los españoles siguen siendo el desempleo, los políticos y la corrupción o el fraude
El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), primero del año, ha elevado a la inmigración como uno de los principales motivos de preocupación para los españoles. No es casualidad que esta última encuesta se celebrara justo antes de las elecciones andaluzas. Durante la campaña, con un marcado carácter nacional pese a tratarse de unos comicios para una comunidad autónoma, la inmigración tuvo un papel central, lo que ha devuelto la llegada de inmigrantes ilegales a nuestro país al centro del debate nacional.
El otro tema que se mantiene como principal inquietud para los españoles es el paro, que pese a la mejora de los datos se mantiene como motivo de desvelo. Hay menos paro, sí, pero la nueva contratación sigue siendo en gran parte de carácter temporal. Así, la preocupación de los españoles por la inmigración se ha disparado cuatro puntos en diciembre hasta convertirse en el sexto problema, con el paro a la cabeza.
Los tres principales problemas se mantienen inalterables: el desempleo es citado por el 59,2 % de los encuestados, siete décimas más que el mes anterior; seguido de los políticos y la clase política, que baja dos puntos respecto a noviembre hasta el 29,8%, y la corrupción y el fraude, que cae casi cinco puntos y se sitúa en el 24,7 %. En cuarto lugar están los problemas de índole económica, que son una inquietud para el 22,6 %, dos décimas más que el mes anterior; la sanidad, con el 12,9 %, que repunta más de dos puntos; y la inmigración, mencionada por el 12,5%.
Bajan sin embargo, la preocupación por la independencia de Cataluña, que pasa del 9,7 al 7,8 %; la incertidumbre sobre la calidad en el empleo, que ahora es citada por el 8,3% (9,4% en noviembre); o las pensiones, que preocupa al 5,9 %, un punto menos que un mes antes. En cambio, aumenta el desasosiego por los problemas de índole social, que pasan del 9,2 al 10,1%; por la educación, del 8,6 al 9,0%; por la violencia contra la mujer, del 2,1 al 2,4 %, o por los nacionalismos, del 1,1 al 1,9 %.
Como es habitual, el CIS pregunta también a los encuestados su opinión sobre la situación económica, que es considerada buena o muy buena por el 4,5% (el porcentaje era del 5,6% en noviembre); regular por el 44,3% (antes 42,2%), y mala o muy mala por el 50,6%, frente al 51,6% de 30 días antes. El 54,4% de los españoles ve la situación económica igual que hace un año, el 27,8 % es más pesimista y opina que ha empeorado y un 16% asegura que está mejor. Para el futuro, apenas han variado los porcentajes: el 41,6% cree que estará igual; el 26% teme que vaya a peor, y el 15,2% confía en que mejore.
Además, el CIS cuestiona sobre la situación política, ante la cual ha aumentado el pesimismo de la ciudadanía: es calificada de buena o muy buena por el 2,5%, cuando en noviembre la cifra llegaba al 4%; es vista como regular por el 20,8% (el 22,3 % hace un mes), y es mala o muy mala para el 74%, frente al 70,7% anterior. Son el 39,6% los que dicen que las cosas están peor que un año antes y sólo el 8,5 % las ve mejor.
Con la mirada puesta en el próximo año, los españoles desconfían de que la situación política evolucione favorablemente, ya que el 27,9% está seguro de que irá a peor (27% en noviembre); el 39,2% sospecha que seguirá igual (39,4% antes), y el 12,4% espera una mejoría (15% un mes antes).
Los tres principales problemas para los españoles siguen siendo el desempleo, los políticos y la corrupción o el fraude
El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), primero del año, ha elevado a la inmigración como uno de los principales motivos de preocupación para los españoles. No es casualidad que esta última encuesta se celebrara justo antes de las elecciones andaluzas. Durante la campaña, con un marcado carácter nacional pese a tratarse de unos comicios para una comunidad autónoma, la inmigración tuvo un papel central, lo que ha devuelto la llegada de inmigrantes ilegales a nuestro país al centro del debate nacional.
El otro tema que se mantiene como principal inquietud para los españoles es el paro, que pese a la mejora de los datos se mantiene como motivo de desvelo. Hay menos paro, sí, pero la nueva contratación sigue siendo en gran parte de carácter temporal. Así, la preocupación de los españoles por la inmigración se ha disparado cuatro puntos en diciembre hasta convertirse en el sexto problema, con el paro a la cabeza.
Los tres principales problemas se mantienen inalterables: el desempleo es citado por el 59,2 % de los encuestados, siete décimas más que el mes anterior; seguido de los políticos y la clase política, que baja dos puntos respecto a noviembre hasta el 29,8%, y la corrupción y el fraude, que cae casi cinco puntos y se sitúa en el 24,7 %. En cuarto lugar están los problemas de índole económica, que son una inquietud para el 22,6 %, dos décimas más que el mes anterior; la sanidad, con el 12,9 %, que repunta más de dos puntos; y la inmigración, mencionada por el 12,5%.
Bajan sin embargo, la preocupación por la independencia de Cataluña, que pasa del 9,7 al 7,8 %; la incertidumbre sobre la calidad en el empleo, que ahora es citada por el 8,3% (9,4% en noviembre); o las pensiones, que preocupa al 5,9 %, un punto menos que un mes antes. En cambio, aumenta el desasosiego por los problemas de índole social, que pasan del 9,2 al 10,1%; por la educación, del 8,6 al 9,0%; por la violencia contra la mujer, del 2,1 al 2,4 %, o por los nacionalismos, del 1,1 al 1,9 %.
Como es habitual, el CIS pregunta también a los encuestados su opinión sobre la situación económica, que es considerada buena o muy buena por el 4,5% (el porcentaje era del 5,6% en noviembre); regular por el 44,3% (antes 42,2%), y mala o muy mala por el 50,6%, frente al 51,6% de 30 días antes. El 54,4% de los españoles ve la situación económica igual que hace un año, el 27,8 % es más pesimista y opina que ha empeorado y un 16% asegura que está mejor. Para el futuro, apenas han variado los porcentajes: el 41,6% cree que estará igual; el 26% teme que vaya a peor, y el 15,2% confía en que mejore.
Además, el CIS cuestiona sobre la situación política, ante la cual ha aumentado el pesimismo de la ciudadanía: es calificada de buena o muy buena por el 2,5%, cuando en noviembre la cifra llegaba al 4%; es vista como regular por el 20,8% (el 22,3 % hace un mes), y es mala o muy mala para el 74%, frente al 70,7% anterior. Son el 39,6% los que dicen que las cosas están peor que un año antes y sólo el 8,5 % las ve mejor.
Con la mirada puesta en el próximo año, los españoles desconfían de que la situación política evolucione favorablemente, ya que el 27,9% está seguro de que irá a peor (27% en noviembre); el 39,2% sospecha que seguirá igual (39,4% antes), y el 12,4% espera una mejoría (15% un mes antes).
Fuente: La inmigración se cuela como problema prioritario con el paro todavía a la cabeza
¿Hacia una recesión? El batacazo de Apple alienta el pesimismo sobre la economía
El FMI pide a los países desarrollados disponer 'amortiguadores fiscales' lo antes posible para "disponer de margen de maniobra frente a la recesión"

'Recesión'. La palabra maldita para la que los políticos suelen buscar creativos eufemismos como 'desaceleración brusca' o 'crecimiento negativo', y que parecía haber desaparecido del vocabulario tras la traumática crisis fiscal y financiera que marcó a fuego la transición entre la pasada década y la actual, ha vuelto. Y parece que para quedarse.
Hasta hace unos meses apenas sí se deslizaba en algún informe, y no tanto como expectativa esperable sino como potencial riesgo si la guerra comercial EEUU-China se desmadraba y se materializaban todas las amenazas latentes que suelen acechar a la economía.
Pero el tono ha comenzado a cambiar. Un informe de Natixis ya advertía el pasado mes de agosto de que había casi un 100% de certeza de que la recesión se aproximaba a Estados Unidos y en algún momento posterior al resto del mundo, y en el último informe de previsiones del Fondo Monetario Internacional el nuevo economista jefe del organismo, Maurice Obstfeld, aconsejaba de forma explícita a los países desarrollados disponer 'colchones fiscales' para amortiguar el impacto de la próxima recesión económica y disponer de algún margen de maniobra para animar sus economías domésticas cuando esto suceda.
Como es habitual en estos casos, el camino hacia el consenso en torno al empeoramiento de las expectativas económicas se ha asfaltado a partir de evidencias macroeconómicas -como la certeza de que las economías desarrolladas se han quedado sin margen para explotar más su capacidad productiva o el desplome de la producción industrial en China-; acumulación de amenazas potenciales -guerra comercial, situación en Italia, Brexit-; y sucesos puntuales que contribuyen a erosionar la confianza de los inversores.
El más significativo de éstos sin ninguna duda ha sido la histórica revisión a la baja de la previsión de ingresos del gigante tecnológico Apple, un hecho que no ocurría desde el año 2002 y cuya vinculación directa con el pulso comercial entre Estados Unidos y China ha generado una corriente de pánico entre los inversores.
La jornada del jueves en los mercados estadounidenses, con el desplome del 8% en el valor de las acciones de Apple arrastrando a todo el mercado, disparó los temores de que la anunciada desaceleración económica en EEUU se convirtiera en una recesión y ha llegado al punto de obligar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a matizar su posición respecto al programado encarecimiento del precio del dinero a lo largo de 2019 y comprometer que solo se hará si el contexto económico lo permite.
Empiezan a preocupar las herramientas 'anti-crisis'
"Lo de Apple de esta semana ha sido un indicio más, pero llevamos viendo señales preocupantes desde hace un tiempo", señala María Jesús Fernández, analista de Funcas. Menciona entre ellas el desplome de la rentabilidad de los títulos de deuda pública, que interpreta como un signo del deterioro de las expectativas de los inversores; los preocupantes datos económicos que llegan desde China, o el inesperado decrecimiento que experimentó Alemania en el tercer trimestre del año. "Incluso ya se empieza a descontar en el mercado que ni la Reserva Federal ni el BCE subirán los tipos en 2019 y eso es señal de que la situación se está deteriorando de forma rápida", advierte la analista de Funcas.
Hay pocas dudas de que en los próximos meses asistiremos a una revisión generalizada a la baja de las expectativas de crecimiento en las principales áreas económicas desarrolladas del mundo, que serán más suaves o más severas en función de que los riesgos latentes se materialicen o no. Y a la hora de afrontar riesgos, Europa no es precisamente la zona menos expuesta.
Con la resolución definitiva de la salida de la UE del Reino Unido aún en el aire y el riesgo de un 'Brexit duro' sobre la mesa, la situación de Italia encarrilada pero no solucionada y la amenaza de las guerra comercial en puertas, Europa afronta esta nueva situación, además, sin haberse dotado de los instrumentos preventivos y de resolución de crisis previstos.
Los analistas no esperan que España caiga en una recesión de manera fulminante, pero sí advierten de que el contagio de la situación internacional puede ser muy dañino porque llegaría por ámbitos especialmente relevantes para el crecimiento doméstico: el sector exterior y el coste de la deuda, es decir, los dos factores esenciales para explicar el modo en que España ha salido de la crisis.
Por el momento, los analistas esperan que la actual previsión de crecimiento de España para el año 2019, del 2,3%, no aguante más allá de la primavera. Y es que, después de cuatro años con crecimientos en el entorno del 3%, nuestro país no ha sido capaz de resolver sus principales desequilibrios. "Mantenemos un déficit estructural del 3% y la deuda pública continúa estando en niveles cercanos al 100%, es una situación realmente muy vulnerable", señala María Jesús Fernández.
Fuente: ¿Hacia una recesión? El batacazo de Apple alienta el pesimismo sobre la economía
El crédito de los bancos al sector público se desploma y alcanza mínimos precrisis
La deuda de las Administraciones Públicas con las entidades financieras cae un 36% desde los máximos registrados en el verano de 2012
El sector público tiene cada vez menos dependencia financiera de la banca. Así lo atestiguan los últimos datos hechos públicos por el Banco de España, correspondientes al pasado mes de octubre, que muestran como el saldo de crédito de las entidades financieras con las Administraciones Públicas ha caído más de un 12% en el último año, hasta 67.636 millones de euros, el menor registro desde mayo de 2010, ante el incremento de la recaudación, que previsiblemente cerrará el ejercicio en niveles récord.
En el verano de 2012, uno de los momentos más agudos de la crisis -la prima de riesgo española alcanzaba máximos históricos y la tasa de paro superaba 25%, la deuda del sector público con los bancos alcanzó máximos en 106.285 millones de euros.
Este dato estaba motivado por unos ingresos fiscales muy deteriorados y un difícil acceso a los mercados de capitales, por lo que tanto ayuntamientos como Comunidades Autónomas optaron por los bancos como mecanismo de financiación para obtener liquidez. Esta situación motivó la puesta en marcha del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
Desde los máximos de 2012, el saldo de crédito de las Administraciones Públicas ha bajado paulatinamente. En concreto, un 36%, equivalente a 38.649 millones de euros, descenso que se ha agudizado en los últimos años gracias a crecimientos de la economía superiores al 3%.
Más ingresos por IRPF e IVA
Así, uno de los factores principales que explican esta caída es el incremento de la recaudación. A falta de conocerse el dato oficial de la Agencia Tributaria, los ingresos procedentes del IRPF y el IVA habrían alcanzado un nivel récord en 2018, pues a cierre de noviembre se situaban en 194.705 millones de euros, frente a los cerca de 201.000 millones registrados durante todo el ejercicio 2007.
El saldo de crédito de las entidades de depósito con el sector privado también ha bajado en el último año, si bien la caída es mucho menor, del 3,45%, hasta 1,16 billones de euros y el dato se ha estabilizado en los últimos meses.
De este modo, es posible que el fin del programa de compra de activos del Banco Central Europeo (BCE) -lo que frenará en cierto modo la financiación de las grandes empresas en el mercado-, junto al ‘boom’ que está experimentando el crédito al consumo y a la recuperación del mercado hipotecario, el saldo de préstamos a familias y empresas vuelva a tomar una trayectoria ascendente, aunque es poco probable que se vuelva a llegar a los 1,8 billones alcanzados a finales de 2008.
Fuente: El crédito de los bancos al sector público se desploma y alcanza mínimos precrisis
Cataluña y Andalucía comparten penas: Son las que menos gastan en su sanidad
Son las dos únicas comunidades que todavía no han recuperado el gasto por habitante que alcanzaron en el momento máximo antes de la crisis
Que el mapa de la sanidad en España deja disparidades de todo tipo es algo que denuncian a menudo las propias administraciones responsables de su gestión, las comunidades autónomas, como uno de los estandartes en su reclamación de una mejora de la financiación. Que la crisis que se desató a partir del año 2011 con toda su virulencia dejó muy tocado al sistema de salud es otra evidencia. Pero cómo han abordado cada uno de los gobiernos la recuperación ya es menos conocido.
Y en el balance de este año 2019, tras cinco años completos de crecimiento económico, es que hay que hay dos autonomías especialmente señaladas: Cataluña y Andalucía. Son las únicas que, a día de hoy, destinan menos dinero a su salud que en el arranque de la recesión... pero también son ahora mismo las dos que menos destinan (Andalucía era la cuarta peor hace ocho años y Cataluña, la sexta, pero muy cerca de la media nacional). Ahora, la región sureña es la peor y la del noreste, la segunda por la cola. El podio de las tres peores lo cierra Madrid, que en 2010 era la penúltima, solo superada en menos gasto por Baleares. Ahora, las islas están incluso por encima de la media nacional.
Cataluña y Andalucía, por tanto, continúan presentando un presupuesto sanitario per cápita inferior al del año 2010, ejercicio que tuvo las cifras más elevadas antes de que la crisis económica obligara a acometer ajustes, según informa la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública y ha recogido Efe.
En un comunicado, la federación ha analizado los presupuestos sanitarios para 2019 y considera "preocupante" que siete comunidades hayan comenzado el año prorrogando los Presupuestos del año anterior, algo que, salvo el caso de Andalucía, que ha tenido elecciones, atribuye en parte al bloqueo de la modificación del techo de gasto. De las otras diez que los han presentado, excepto en Cantabria, que se mantiene prácticamente igual, en todas se registra un aumento sobre los de 2018, y en todas ellas se superan los de 2010, que fue el momento de mayores presupuestos per cápita destinados a la sanidad pública.
La oportunidad, sin embargo, queda en manos del Parlamento andaluz. No en vano, a poco que se hubiera incrementado el gasto previsto de haber existido unas cuentas regionales de 2019, es bastante probable que la cifra de gasto medio de 2019 hubiera superado la de 2010, ya que los 1166,39 euros presupuestados para este año son apenas 14 euros más que lo destinado en el año 2010. Y con un poco más de esfuerzo, con otros 12 euros por persona, dejaría a Cataluña de farolillo rojo.
El resultado es un aumento global del 2,91% sobre 2018, apunta la federación, que indica que Asturias se ha convertido en la que tiene el mayor, quitándole ese honor al País Vasco (que baja al segundo puesto). La diferencia entre el máximo y el mínimo entre autonomías sigue siendo muy importante (551,1 euros por habitante y año) lo que hace casi imposible que se den las mismas prestaciones con igual nivel de calidad, denuncia la nota. En total, y sumando a todas las autonomías, el gasto sanitario por español ascenderá en 2019 a 1.444,42 euros (siempre según los Presupuestos que han llevado cada una de las autonomías) frente a los 1.343,95 del ejercicio de 2010.
También señala el organismo que el gasto farmacéutico no ha parado de incrementarse de 2014 a 2017 (14% en tres años), a lo que suma el 5,1% interanual en octubre de 2018, tanto el hospitalario -que lo ha hecho casi el 23%-, como el de recetas, con lo que el presupuesto disponible para asistencia sanitaria ha disminuido globalmente.
Fuente: Cataluña y Andalucía comparten penas: son las que menos gastan en su sanidad
Los españoles ya se esperan lo peor y la confianza cae once puntos en el año 2018
El indicador del Centro de Investigaciones Sociológicas apunta a una reducción drástica de las buenas perspectivas de la ciudadanía
El mercado laboral está de enhorabuena y el turismo apunta a un cierre de 2018 por encima de lo esperado; la economía nacional se mantiene a la cabeza de Europa pese a todas las incertidumbres... pero el ciudadano normal no termina de fiarse de tanta bonanza estadística. La prueba la acaba de dar el Centro de Investigación Sociológicas, al constatar un desploma en la confianza de los consumidores a cierre de 2018: baja 11,6 puntos respecto al registro de 2017. ¿La razón? Una reducción de las expectativas que tienen los ciudadanos sobre la economía y sobre la situación actual.
Según el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) publicado este jueves por el CIS la confianza de los consumidores ha bajado en diciembre hasta los 90,9 puntos, frente a los 91,4 del mes anterior y a los 102,5 puntos con los que cerró 2017. La reducción de la confianza en diciembre se debió a que las expectativas bajaron 0,6 puntos y el índice de situación actual 0,4 puntos respecto a los datos de noviembre. El indicador de situación actual se situó en diciembre en los 83,4 puntos y el de las expectativas cerró en 98,4 puntos frente a los 92,9 puntos y 112 que registraron en diciembre de 2017, respectivamente.
La media anual del ICC de 2018 se situó en los 98,3 puntos, por debajo de la barrera de los 100 puntos que marca el umbral entre una percepción positiva y negativa. El CIS destaca que esta media se sitúa 4,5 puntos por debajo de la obtenida en 2017 y 2015 que, de momento, son los máximos históricos de la serie.
Según la encuesta vinculada a estos indicadores la brecha entre los ciudadanos que afirman llegar justos a final de mes y los que señalan que pueden ahorrar un poco de dinero ha aumentado, ya que mientras los primeros son el 45% de los encuestados, los segundos alcanzan el 35,7%.
Por otra parte, el 15% considera que la situación económica actual de su hogar es mejor que hace seis meses debido a alguna mejora laboral o incremento salarial, aunque el 22,5% opina que la situación de su hogar está peor, algo que achacan a la inflación. Cuatro de cada diez personas considera que la situación económica actual es peor que hace seis meses, un pesimismo que se modera un poco si se mira hacia el futuro, en el que un tercio de los encuestados prevén una peor situación.
En cuanto al mercado laboral, son algo más de un tercio de los españoles los que ven dificultades para encontrar un empleo en la actualidad y en el futuro, algo que les condicionará a la hora de adquirir bienes. Así, el 92% de los entrevistados no tiene previsto adquirir una vivienda en el próximo año, ya que su precio se incrementará (para el 64%) así como los tipos de interés (para el 53%).
Fuente: Los españoles ya se esperan lo peor y la confianza cae once puntos en el año 2018
Warren Buffett tampoco se salva y pierde 40.000 millones en mitad de la tormenta
El desplome de Apple, Bank of America, Wells Fargo o Kraft Heinz, que figuran como sus principales posiciones, han hundido el valor de su cartera

Prácticamente nadie ha logrado escapar de la tormenta bursátil que ha arrasado a los mercados en el tramo final de 2018 y principios del 2019. Ni si quiera el considerado por muchos mejor inversor de todos los tiempos, Warren Buffett, que para más inri ha sido uno de los más castigados en el arranque del año nuevo. La fuerte posición que mantiene en Apple a través de su brazo inversor, Berkhire Hathaway, ha golpeado de lleno al magnate y al valor de su firma.
El 2018 fue el año en el que Buffett y la firma dirigida por Tim Cook entrelazaron sus caminos con más fuerza, después de que el conocido como 'Oráculo de Omaha' incrementase con fuerza su posición en el capital social de la firma de la manzana. En concreto, a principios de año adquirió hasta 75 millones de títulos, que se sumaban a los cerca de 170 millones que ya poseía. Con ello, la tecnológica se convertía en la principal posición de Berkshire, superando por valor a Wells Fargo.
La fuerte posición de Buffett en Apple provocó que el pasado jueves 3 de enero fuera un día especialmente negro para el prestigioso inversor, ya que fue golpeado por dos frentes distintos: por un lado, la fuerte caída de la firma de Cupertino (de un 10%) implicó una importante pérdida de valor de la cartera. Mientras que también provocó que muchos inversores pusieran el cartel de venta sobre sus títulos de Berkshire, que cedió más de un 5% en la sesión.
El derrumbe de Apple el pasado jueves no fue más que un nuevo episodio dentro de la tendencia bajista en la que está inmerso el valor desde octubre, y que le ha llevado a perder hasta un 35%. Traducido en cifras para Berkshire, la caída de las acciones de la compañía de la manzana supone una pérdida cercana a los 21.000 millones de dólares (si se descuenta la subida del pasado viernes). De hecho, los cerca de 256 millones de acciones que mantiene en cartera valen actualmente unos 36.500 millones de dólares frente a los 57.600 millones de hace tan solo tres meses.
Pese al golpe que ha proporcionado Apple al valor de Berkshire, el desplome que ha tenido la compañía de Buffett es aún mayor. Las otras grandes apuestas del inversor también han caído con fuerza, en especial los valores bancarios: el valor de las acciones de Bank of America ha caído en 5.000 millones, en el caso de Wells Fargo son 4.000 millones menos, el desplome de American Expres se traduce en que su valor en la cartera valga 3.000 millones menos y US Bancorp hasta 500 millones de dólares. Por último, Kraft Heinz ha hecho un agujero a la firma de inversión de 3.000 millones de dólares.
En total, suman cerca de 37.000 millones de euros y solo entre sus cinco mayores posiciones, a las que se unen caídas significativas en Goldman Sachs (-20,4%), Delta Airlines (-19,64%), Charter Communications (-9%) o Southwest Airlines (-23%). Todo ello provoca que el 'Oráculo de Omaha' haya perdido más de 40.000 millones en bolsa, que curiosamente (o no) coincide con la capitalización que han perdido los títulos de Berkshire.
El verdadero problema más allá de la evidente pérdida de valor temporal, que no afecta a Buffett como siempre ha reconocido, es que dicho desplome estará presente en las cuentas de la compañía en el último trimestre del año. Esto se debe a que el pasado 2018 entró en vigor la normativa ASU 2016-01 por la que las corporaciones debían informar de las ganancias o las pérdidas latentes en sus carteras de inversión como parte de su cuenta de resultados. Una medida que el propio Buffett ha denominado como "inútil" para la comprensión de los estados financieros.
¿Interesado en General Electric?
El fuerte desplome del mercado ha abierto el debate de qué debe hacer Buffett con la montaña de dinero en efectivo que atesora. Una de las más discutidas por los analistas de distintos medios estadounidenses es que podría comprar una empresa que le permitiese capear los temporales que viven los mercados. La especulación llega más allá y alguno ha insinuado que General Electric podría encajar en el perfil por dos motivos: uno sería que las eléctricas lo hacen mejor cuando el ciclo lleva a los mercados a fuertes caídas (como se vio en España) en 2018. Por otro lado, su colapso le deja en un precio razonable.
Por otro lado, hay quien piensa que es el momento de invertir más en el mercado, una alternativa que Buffett siempre ha valorado. En una carta enviada tiempo atrás mostraba sus planes ante una posible caída generalizada del mercado, que implicaba ir aumentando la proporción de efectivo invertido a medida que el mercado caía, hasta llegar a gastar el 100% en el caso de un derrumbe del 50%.
Por último, también la más factible es que termine por recomprar sus propias acciones de Berkshire una vez detecte que han caído por debajo del precio objetivo. Una posibilidad que el propio Buffett, en una decisión conjunta con su número dos Charlie Munger, abrazó en julio al flexibilizar la opción después de que las rígidas condiciones solo hayan permitido que se produjera una vez en la historia de la firma. Aunque por el momento queda tiempo para que se adopte esa posición, puesto que necesita que las acciones (o el valor de sus posiciones en cartera) continúe desciendo.
Fuente: Warren Buffett tampoco se salva y pierde 40.000 millones en mitad de la tormenta
El año en que conocimos el verdadero objetivo de las empresas tecnológicas
2019 podría ser el año en que el Big Tech se preocupara por la ética. No lo será. Nadie está limitando su poder, y están ganando muchísimo dinero
Visto desde fuera, 2018 no parece que haya sido un buen año para las grandes empresas tecnológicas, conocidas ya como Big Tech. Ha sido el año en el que nos hemos dado cuenta de lo poco que podemos confiar en Facebook, la importancia que tiene para las empresas la privacidad de nuestros datos y lo adictos que somos a nuestras pantallas. Ha sido el año en el que la desinformación en línea (las conocidas como 'fake news') se han mostrado como una realidad inevitable, y en el que Google, Microsoft y Amazon se han enfrentado a revueltas protagonizadas por sus propios empleados debido a sus comportamientos poco éticos.
2019 podría ser el año en el que estas grandes compañías comenzaran a tomarse en serio estas cuestiones. Pero no va a serlo. No existe una verdadera regulación para limitar su poder y, mientras, están ganando muchísimo dinero.
Apple, Amazon, Facebook y Alphabet, la empresa matriz de Google, generaron 166.900 millones de dólares en ingresos solo en el tercer trimestre de 2018, un 24 por ciento más que el año anterior. El fundador de Amazon Jeff Bezos acumula más dinero del que nunca ha tenido nadie en la historia.
Controlarlo todo
La palabra “disrupción” lleva siendo varios años el vocablo estrella en Silicon Valley. Las empresas quieren romper el orden establecido de las cosas. Lo han hecho con el negocio del taxi, el alquiler turístico o el comercio minorista, y lo harán en el futuro con muchos otros sectores. Tantos como puedan.
Google ya está construyendo en Toronto un barrio desde sus cimientos, una microciudad equipada con tecnologías inteligentes que utilizarán los datos de sus vecinos para gestionar el tráfico, las plazas de aparcamiento, las citas en el médico e, incluso, las emisiones de gases de efecto invernadero.
El llamado “internet de las cosas” planea llevar la conectividad a cualquier aparato que nos podamos imaginar. El objetivo del Big Tech pasa por colocar un ordenador en todos los aparatos inimaginables y, a ser posible, conectar estos a la red.
Viviremos en casas, ciudades y coches más cómodos e inteligentes, pero dependiendo aún más de un puñado de compañías. Públicamente, estas insisten en que garantizan la seguridad y privacidad de sus consumidores, pero a la vista de los últimos acontecimientos la pregunta es clara: ¿podemos fiarnos de ellas?
La expansión del Big Tech no ha hecho más que empezar
“Las compañías tecnológicas no se están echando atrás”, explica en The New York Times Bod Staedler, un conocido consultor de Silicon Valley, en relación a los escándalos con los que ha tenido que lidiar el sector en el último año. “Nada les ha golpeado lo suficientemente fuerte como para decirles que se corten. En su lugar, se están expandiendo. Van por todo el país adquiriendo el mejor capital humano para poder crear la próxima moda”.
La sociedad está cada vez más preocupada por el poder que están acumulando estas empresas. Muchas personas tienen miedo de que esté comprometida su privacidad y del problema que para los pequeños negocios y las condiciones laborales puede tener el crecimiento imparable de gigantes como Amazon, pero casi nadie está dispuesto a renunciar a las comodidades que brindan estas compañías (de las que no siempre es fácil prescindir).
La lógica indicaría que después de sufrir enormes escándalos, que han llevado a un frenazo en la capacitación de nuevos usuarios, Facebook viviría una época de reajustes, pero lo único que está haciendo es reforzar Instagram, que también le pertenece, para seguir creciendo sin parar. Nadie ha dejado de utilizar las redes sociales, ni siquiera gastamos el tiempo en proteger nuestros perfiles con las herramientas que brindan (por obligación) las propias compañías. Ni nos molestamos en leer la letra pequeña. Se ha dado la batalla de la privacidad por perdida. Y las compañías tienen claro que les seguirá yendo de maravilla.
En 2018 la plantilla de la empresa que lideran Mark Zuckerberg y Sheryl Sandberg se ha incrementado en un 45 %, contratando a 34.000 nuevos empleados y anunciando 2.700 nuevos empleos, solo en Estados Unidos. La plantilla de Google ha crecido un 21 % y Amazon ha triplicado su personal en los últimos tres años.
Como asegura David Streitfeld en 'The New York Time's, este enorme crecimiento muestra a las claras que la expansión (y la acaparación de poder) de las grandes empresas tecnológicas no ha hecho más que empezar.
“Para todos los efectos, estamos a solo 35 años de un proceso de 75 u 80 años para pasar de lo analógico a lo digital”, explica en el diario estadounidense Tim Bajarin, consultor de tecnología para compañías como Apple, IBM y Microsoft.
Está por ver que esta transición no comprometa las libertades civiles, la democracia, o los derechos de los trabajadores, pero todo dependerá de la reacción de la ciudadanía.
Fuente: El año en que conocimos el verdadero objetivo de las empresas tecnológicas
Las cuentas de Valerio: Lo que cobrará a las empresas cubre el alza de pensiones
El Gobierno calcula que entre la subida de las cotizaciones y lo que ingrese de más por el SMI aún tendrá un colchón extra de 500 millones
La subida de las pensiones durante este año 2019 tiene un coste oficial desde el último Consejo de Ministros: algo menos de 2.600 millones de euros, que el Gobierno espera cubrir de manera holgada con lo que va a ingresar de más a cuenta de los empresarios (grandes compañías pero también autónomos) en incrementos de las cotizaciones. Entre una cosa y otra, el Gobierno del Partido Socialista incluso saldría con un colchón de unos 500 millones de euros cuando se enfrenten las partidas de ingresos y gastos.
¿Cómo salen las cuentas? Según la memoria económica del Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno y que recoge la revalorización de las pensiones para 2019 y otras medidas urgentes en materia social y laboral, el coste de la subida de las pensiones en 2019 (del 1,6% general y del 3% para las mínimas y no contributivas) será de 2.591,65 millones de euros. De este importe, 2.481 millones irán para abonar las pensiones contributivas; 77,42 millones, las no contributivas, y 33 millones para pagar las prestaciones familiares por hijo a cargo con 18 años o más y un grado de minusvalía igual o superior al 65%.
En contrapartida, el Estado pretende ingresar por cotizaciones de derivadas de las modificaciones aprobadas en este Real Decreto unos 1.667,55 millones de euros. Y, además, el Gobierno maneja alcanzar alrededor 1.500 millones de euros por el impacto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros (aunque los empresarios consideran esa cifra en el rango bajo e incluso la elevan a más de 2.000 millones de coste). Es decir, algo más de 3.100 millones de recaudación extra que, si se oponen a los 2.600 de gasto, computan un saldo positivo de unos 500 millones de euros.
Dentro de los casi 1.668 millones, aproximadamente la mitad, unos 850 millones, se recaudarán con la subida de la base máxima de cotización del 7%, una medida que afectará a un millón de ocupados y de los que la mitad pertenecen a empresas y empleadores públicos con más de 1.000 trabajadores. Una medida que ha ido adelgazando con el paso de los meses, ya que las primeras intenciones del Ministerio de Trabajo pasaban por un alza en estas cuotas de hasta el 12%. Finalmente, todo indica a que las tesis del Ministerio de Economía, que recomendaban un esfuerzo menor, se han impuesto.
Luego, el Gobierno prevé ingresar unos 424 millones por la modificación de la tarifa de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y otros 205 millones de euros derivados de las nuevas bases mínimas y tipos de cotización en el Régimen Especial de Autónomos (RETA). En el caso de los autónomos, al Estado le supondrá un coste de 95,36 millones de euros la ampliación de la prestación por cese de actividad, cuya cobertura será obligatoria.
Por otra parte, otras medidas como la obligación de cotizar para las personas que desarrollan programas de formación o prácticas no laborales y académicas reportarán a la Seguridad Social unos 74 millones de euros, mientras que la subida del 36% al 40% del recargo sobre la cuota empresarial para los contratos de duración igual o inferior a cinco días aumentará la recaudación en 50 millones de euros.
El cambio de bases y tipos de cotización en el Sistema Especial para Empleados del Hogar afectará a unos 530.000 afiliados y ayudará a recaudar unos 16 millones de euros, al tiempo que la subida en las bases de cotización en el sistema especial agrario tendrá un impacto positivo de 14,33 millones de euros. La cotización por el tipo máximo de la Tarifa de Primas para trabajadores a los que les resulte de aplicación un coeficiente reductor de la edad de jubilación permitiría aumentar la recaudación en 30,56 millones de euros.
La memoria económica de este Real Decreto, recogida por Efe, también puntualiza que se abonará antes del 1 de abril de 2019 la paga compensatoria ante la inflación del 1,7% resultante de la media de los últimos 12 meses y que es superior al 1,6% de revalorización aprobada, que tendrá un impacto negativo de 122,87 millones de euros para la Seguridad Social. Como esta subida se consolida en 2019, el Estado contempla otros 121,79 millones de euros que tendrá que pagar a los pensionistas por este concepto a lo largo del año.
Fuente: Las cuentas de Valerio: lo que cobrará a las empresas cubre el alza de pensiones
El Gobierno desvincula la convulsión sin precedentes del mercado de trabajo el día 26 de diciembre del Decreto Ley aprobado solo unos días antes
El Gobierno desvincula la convulsión sin precedentes del mercado de trabajo el día 26 de diciembre del Decreto Ley aprobado solo unos días antes
El pasado miércoles 26 de diciembre fue un día particularmente convulso para el mercado laboral español. En un solo día las bases de datos de la Seguridad Social registraron más de 274.000 bajas de trabajadores y un volumen de altas también inusual, de 230.000, para un saldo agregado de cerca de 43.000 puestos de trabajo perdidos en una sola jornada.
Estos movimientos espasmódicos no son inusuales en un mercado de trabajo del que entran y salen decenas de miles de trabajadores todos los viernes y lunes del año, y de forma más masiva en los periodos de ocupación más estacional como la campaña navideña o la época estival, pero la magnitud de este movimiento en esta época del año no tiene precedentes en la serie histórica (ver gráfico).
El asunto es que el fenómeno se produjo, además, el primer día hábil tras la aprobación definitiva el pasado 21 de diciembre por el Consejo de Ministros del Real Decreto que sancionaba la subida del 22% en el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 900 euros mensuales, comprometida por el Gobierno de Pedro Sánchez en el marco del pacto con Podemos.
Lo que dicen los datos oficiales publicados por el Ministerio de Trabajo es que ese mismo viernes día 21 las empresas dieron de baja a 171.036 trabajadores y el miércoles siguiente se registraron otras 274.073 bajas. El Gobierno, no obstante, desvincula este movimiento de contratos de la aprobación del nuevo Salario Mínimo Interprofesional. "No hemos visto nada en los últimos días del año que nos permita deducir que la subida del Salario Mínimo ha tenido alguna influencia en las decisiones de los empleadores", ha explicado el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado. "Y ya hemos dicho que desde el Gobierno no esperamos que tenga una influencia significativa en la creación de empleo".
Granado subrayó que con la foto completa del mes de diciembre ya sobre la mesa la evolución del mercado de trabajo tanto en el conjunto del mes de diciembre como en los últimos días del año no ha diferido mucho de su comportamiento en otros años: pico de contrataciones en la primera quincena de diciembre y reducción progresiva de las mismas en los últimos días. De hecho, el número total de afiliados cayó el último día hábil para los registros de la Seguridad Social por debajo de los 19 millones después de alcanzar un pico de 19.076.470 el día 19.
El análisis no es compartido por las organizaciones empresariales. CEIM, la patronal madrileña dirigida por Juan Pablo Lázaro - el hombre fuerte de la nueva CEOE de Antonio Garamendi - ha vuelto a recordar al Gobierno que el alza del Salario Mínimo supondrá "costes adicionales, no previstos por las empresas, que se trasladarán al empleo".
"No hay que pagar peores salarios para que la situación mejore"
El Gobierno se reconoce incómodo con la acogida que organismos e institutos de análisis han tributado a la medida, que en el Ministerio de Trabajo observan como esencial no sólo para desarmar el modelo de competitividad por bajos salarios que entienden fomentó el Gobierno del PP sino también para garantizar la sostenibilidad de las pensiones
Trabajo aprecia como en las últimas semanas se ha construido un relato en torno a que la subida del Salario Mínimo tendrá un inexorable coste en puestos de trabajo y está decidido a rebelarse ante el mismo. Lo dejó claro el secretario de Estado de Seguridad Social: "En el Gobierno estamos decididos a demostrar que no tenemos que pagar peores salarios para que la situación mejore, sino al revés".
Fuente: Trabajo detecta 274.000 bajas el primer día hábil tras la aprobación del nuevo SMI
La Agencia Tributaria busca posibles inconsistencias entre lo declarado en nuestro país y lo que facturan fuera en sus lugares de origen
La Agencia Tributaria busca posibles inconsistencias entre lo declarado en nuestro país y lo que facturan fuera en sus lugares de origen
La Agencia Tributaria está intentado descubrir posibles disfunciones en las declaraciones de impuestos de grandes multinacionales instaladas en España. Para acabar con prácticas de presunto fraude fiscal, los inspectores tienen a su disposición el famoso modelo 231, un mecanismo puesto en marcha por el departamento que entonces dirigía Cristóbal Montoro y que entró en vigor el 1 de enero de este año. El objetivo es conocer si estas grandes empresas foráneas con presencia en España declaran de forma adecuada y no tratan de evadir impuestos.
Hacienda lleva recibiendo desde hace once meses información de administraciones tributarias de 48 países. Por eso, gracias a estos intercambios, la Agencia Tributaria puede tener conocimiento de cuál es el volumen de negocio que tiene una multinacional en nuestro país en base a lo que declara en su país de origen. Cruzando esos datos los inspectores pueden conocer cuál es su actividad real en suelo español y, por tanto, lo que deberían declarar. Montoro puso en marcha esta operativa para acabar con las disfunciones en las operaciones vinculadas entre filiales y matriz, un momento en el que se podría aplicar una agresiva reducción de la factura fiscal.
Según datos del departamento que dirige María Jesús Montero, la Agencia Tributaria está analizando actualmente la información que 146 multinacionales han aportado a través del modelo 231. De este casi centenar y medio de informes abiertos, la gran mayoría de ellos han sido aceptados (130). 107 de ellos corresponden a matrices y 23, a firmas subrogadas o constitutivas. Además, 14 de ellos han sido parcialmente aceptados (12 corresponden a matrices y 2 a subrogadas o constitutivas). Por último, dos modelos han sido rechazados.
Esta información, que se da a conocer por primera vez, ha sido suministrada por el Ministerio de Hacienda en una respuesta parlamentaria a la diputada socialista Patricia Blanquer. El departamento tributario reconoce que “es esta fase aún se están tramitando requerimientos a contribuyentes que por la falta de presentación del modelo o por la existencia de incoherencias en el mismo”. Aclara, asimismo, que estos 146 expedientes tramitados y sus resoluciones tienen carácter de “provisional”.
El modelo 231 se puso en marcha como consecuencia de las recomendaciones que impulsó la OCDE para evitar la disonancia en las bases fiscales del Impuesto de Sociedades, tal y como adelantó La Información. El objetivo era tratar de acabar con la ‘ingeniería fiscal’ que realizan determinadas multinacionales para pagar menos impuestos aprovechando lagunas en la transmisión de información entre diferentes administraciones tributarias.
Este intercambio de información fiscal para poner fin al fraude a través del Impuesto de Sociedades es bidireccional. Es decir, administraciones extranjeras que han suscrito este acuerdo también reportan información sobre la actividad de las multinacionales en esos países.
¿Qué información fiscal debe contener el modelo 231?
El modelo 231 de la Agencia Tributaria constituye una auténtica ‘mina’ de información fiscal. Entre los datos que están obligados a ofrecer las multinacionales figuran los ingresos brutos del grupo, separando entre los obtenido por la matriz y las firmas vinculadas, el resultado antes del Impuesto de Sociedades (tanto lo abonado al fisco como lo devengado en base a los acuerdos de doble imposición) y las retenciones, la plantilla media de la firma durante el ejercicio fiscal y el listado de entidades localizadas en nuestro país, especificando las actividades desarrolladas por cada una de ellas.
España es uno de los países que aplica con mayor rigurosidad este intercambio de información fiscal. Según la información que difunde la OCDE, nuestro país es uno de los más activos en el desarrollo de las recomendaciones BEPS, solo por detrás de Francia, Italia o Alemania. Todos los países comunitarios están obligados a intercambiar estos datos fiscales entre sí. Fuera de la UE, naciones como Australia, Brasil, Chile, Canadá, Japón o México están incluidas en el acuerdo. Asimismo, Jersey, la Isla de Man o Guernsey también figuran en el ámbito de actuación.
Fuente: Hacienda rastrea a 146 multinacionales para controlar la evasión de impuestosLos datos de Hacienda revelan que los grandes grupos empresariales pagan un tipo medio del 19% en Sociedades, por encima del nuevo 'suelo' del 15%
Los datos de Hacienda revelan que los grandes grupos empresariales pagan un tipo medio del 19% en Sociedades, por encima del nuevo 'suelo' del 15%

La aparatosa maniobra del Gobierno para meter en cintura la supuestamente reducida fiscalidad de las grandes grupos empresariales españoles mediante la introducción de un suelo de tributación mínimo del 15% sobre la base imponible del Impuesto de Sociedades ha sido puesta en cuestión por las estadísticas oficiales a las pocas semanas de pactarse entre el Gobierno y Podemos.
Los últimos datos oficiales publicados por la Agencia Tributaria, correspondientes al ejercicio de 2016, revelan que el tipo medio pagado por los 5.000 grandes grupos empresariales censados por Hacienda fue del 19%, holgadamente por encima de ese mínimo fiscal del 15% comprometido por el Gobierno para obligar a pagar más impuestos a las más grandes empresas del país.
Lo mismo ocurre con las compañías que la Agencia Tributaria clasifica en el grupo de 'grandes empresas', más de 22.000 sociedades cuya tributación media en 2016 se situó en el 22,8%, más cerca del tipo general del impuesto (25%) que de ese suelo fiscal que el Ejecutivo se ha empeñado en aplicar a todos los grandes grupos empresariales que acrediten una facturación superior a los 20 millones de euros al año.
Tampoco parece que vaya a ser muy eficaz - en línea generales- a la luz de la estadística el suelo impositivo del 18% que Hacienda pretende imponer a las entidades financieras. Con un tipo general del 30% en 2016, los datos de la Agencia Tributaria revela que el tipo medio que pagaron las entidades de crédito ese ejercicio se situó en el 28,5%.
El matiz viene de que los datos de la Agencia Tributaria no ofrecen más que una foto general y que la casuística tributaria puede situar bajo el umbral establecido por Hacienda a un puñado de grandes empresas y entidades financieras, a las que la fijación de ese suelo sí afectaría.
La 'pequeña' distancia entre base imponible y resultado contable
Si el impacto de ese suelo fiscal en el Impuesto de Sociedades será muy restringido es, principalmente, porque el Gobierno aparcó su intención inicial de aplicar ese suelo sobre el resultado contable y decidió finalmente hacerlo sobre la base imponible, para evitarse entre otras cosas una oleada de litigios tanto dentro como fuera de España.
De hecho, si el Gobierno hubiera mantenido la propuesta formulada en marzo - en su plan presupuestario alternativo - tal y como también pedía podemos el impacto sobre el pago de impuestos de los grandes grupos empresariales habría sido espectacular. Los datos indican que la cuota fiscal abonada por los grandes grupos empresariales en 2016 (6.806 millones de euros) apenas supuso un 6% de su resultado contable. De hacer aplicado un tipo mínimo del 15% la recaudación fiscal en este tramo se habría disparado ese año por encima de los 17.000 millones.
El flujo de recaudación vendrá del extranjero
Las esperanzas recaudatorias del Gobierno con el nuevo Impuesto de Sociedades - nada menos que 1.776 millones de euros extra según sus propias previsiones - deben descansar sobre la limitación al 95% de la exención sobre los dividendos y plusvalías de fuente extranjera, que a día de hoy disfrutan de una exención del 100%.
La Agencia Tributaria no diferencia entre dividendos de fuente extranjera y de fuente nacional, pero sí refleja que la exención por doble imposición de dividendos es el principal motivo de ajuste entre el resultado contable de las empresas y el beneficio que efectivamente se somete a tributación: la base imponible. Para hablar en euros, las empresas evitaron tributar por más de 100.000 millones de euros de sus beneficios por la exención aplicable para evitar que los dividendos percibidos por sus participaciones en otras sociedades pasaran dos veces por caja.
En 2016, la Agencia Tributaria registró actividad de relevancia fiscal en 1.529.289 empresas domiciliadas en España - cerca de 75.000 más que un año antes-, de las cuales casi la mitad (708.081) presentaron un resultado contable positivo, si bien solo 486.828 tuvieron una base imponible positiva y, por tanto, estuvieron sujetas al pago del Impuesto de Sociedades.
Fuente: Revés al plan fiscal de Sánchez: grandes empresas ya pagan un 19% en impuestos